Sergio Lledó, abogado titular de KUMO Abogados, ha participado en el documental “Aigües Baixes: un fortín íbero arrasado”, donde ofrece su perspectiva sobre los aspectos legales relacionados con la destrucción de un valioso yacimiento arqueológico en El Campello. En 2014, una excavadora arrasó el fortín ibero de Aigües Baixes, que databa de hace 2.500 años y había sido descubierto en 2013, cuando un equipo de arqueólogos comenzó las excavaciones autorizadas en el sitio.
El documental, dirigido y producido por Santiago Secades, relata la historia de este fortín, ubicado en un solar de propiedad privada a escasos metros del mar Mediterráneo, y documenta su trágica destrucción. A pesar de los esfuerzos por recuperar y proteger la estructura, el yacimiento fue arrasado por una excavadora cuyo responsable nunca fue identificado, dejando el fortín al borde de su completa desaparición. Esta destrucción ocurrió justo cuando se estaban iniciando los trámites para declarar el sitio como Bien de Interés Cultural (BIC).
“Aigües Baixes: un fortín íbero arrasado” forma parte de la serie documental “La Arqueología Olvidada”, un proyecto de Una Décima de Segundo Producciones que destaca enclaves arqueológicos en riesgo de desaparición, mostrando cómo el patrimonio cultural se enfrenta a amenazas como el expolio o la falta de protección legal. El documental cuenta con la narración del actor José Luis García-Pérez, quien, con su voz, da vida a la historia, y también incluye entrevistas con los arqueólogos Ana Valero y David López, quienes están estrechamente vinculados con el municipio de El Campello y con el descubrimiento y estudio del fortín. El trabajo de Secades ha captado la atención de festivales nacionales e internacionales, y busca sensibilizar al público sobre la importancia de proteger el patrimonio cultural y las consecuencias legales de su destrucción. La participación de Sergio Lledó en este documental aporta una visión jurídica clave sobre los derechos de protección del patrimonio y la necesidad de garantizar que los responsables de actos de expolio o destrucción enfrenten consecuencias legales.
